Si se presenta legislación para que el Programa de Supervisión Electrónica (PSE) adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), pase a la Junta de Libertad bajo Palabra (JLP), la nominada a presidir esta última entidad por los próximos ocho años, Aixa Sofía Pérez Mink, se expresó a favor de la misma.
“Entendemos que si se ha estado operando y ha funcionado y la Junta cuenta con el personal para poder llevar a cabo esa función, estaríamos de acuerdo”, dijo Pérez Mink al presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez Maldonado, quien tuvo ante su consideración este nombramiento anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 28 de enero.
La pregunta surgió porque Martínez Maldonado expresó en la audiencia pública que contempla presentar una pieza legislativa a esos fines. “A mí me parece que la Administración de Corrección debe concentrarse solamente en la custodia y rehabilitación de los confinados y que la Junta tome las decisiones de forma colegiada considerando las opiniones de las víctimas. Creo que esta entidad cuasi judicial se debe encargar de otorgar los privilegios de libertad condicional, entiéndase supervisión electrónica.
Por ejemplo, hay otros programas adicionales que administra Corrección, pero se debe dar ese primer paso con el PSE”, dijo Martínez Maldonado a los medios de comunicación al finalizar la vista. Uno de los temas que el senador está auscultando para saber si presenta esta legislación es el presupuesto asignado a dicho programa, ya que el presupuesto de Corrección y Rehabilitación es uno “englobado’. Precisamente, uno de los temas que Martínez Maldonado le dio mayor énfasis en la sección de preguntas a la nominada fue el gran cúmulo de casos que tienen ante su consideración de los cuales la gran mayoría concluyen en ‘no conceder’ el privilegio de libertad bajo palabra.
Según el senador, anteriormente la Junta veía una “gran cantidad de casos y al día de hoy las estadísticas han bajado sustancialmente”. En la vista informó que en un año la Junta ha dado paso a alrededor de 288 ‘conceder’ (alrededor de 20 al mes), 1,243 ‘no conceder’ y los ‘cierres de archivo” que son 1,793. “La mayoría de los casos que llegan a la Junta todo es ‘no conceder’ y ni entrar en las razones por las cuales le dan no conceder a los casos.
Por eso es que la mayoría de los confinados o los que cualifican para libertad bajo palabra o renuncian al privilegio o no se someten al proceso porque entienden que es una pérdida de tiempo”, indicó el presidente de la comisión senatorial para quien las razones que se están dando para ‘no conceder’ la libertad bajo palabra no se sostienen ya que en la mayoría de los casos las decisiones de la Junta son revocadas por los casos que son atendidos en el Tribunal Apelativo.
De paso, Martínez Maldonado recriminó que en la mayoría de los casos la Junta no está cumpliendo con el término de 180 días para tomar decisiones sobre los casos ante sí. Por eso, y por otras razones, se expresó esperanzado de la nueva visión y la “acciones afirmativas” que Pérez Mink traerá a la Junta una vez sea confirmada por el Senado.La nominada informó que entre las “acciones afirmativas” que implementará será “atender con diligencia” y al amparo de la Ley que creó a la Junta los casos que se encuentran pendientes de resolver y “ponerlos al día”.
También, convocar al Pleno a reuniones periódicas con el personal y miembros asociados de la Junta para “discutir, deliberar y recibir” retroalimentación sobre cómo mejorar los servicios que se ofrecen a las personas recluidas en las instituciones penales que cualifican para la libertad bajo palabra siempre y cuando hayan demostrado su rehabilitación y se vele por el derecho de las víctimas.
“Realizaré inmediatamente la revisión de casos que se encuentran bajo concesión de clemencia ejecutiva para darles la prioridad que merecen”, dijo Pérez Mink. Tras escuchar a Pérez Mink, Martínez Maldonado, anunció que votará a favor de su nombramiento. Sin embargo, le pidió que tenga “firmeza”, “sensibilidad y sentido de justicia” en las decisiones que tenga que tomar. “Le pido que las decisiones no se tomen de forma mecánica, irreflexiva e insensible como había ocurrido anteriormente en esa entidad cuasi-judicial”, señaló.
“Si no cualifica, no cualifica pero que den razones que se puedan sostener en un tribunal y sobre todo si se van a llevar al Apelativo”, concluyó el senador. Pérez Mink cuenta con una extensa práctica en derecho administrativo y penal con 29 años de experiencia profesional. Además de haber sido asesora legal por más de 18 años para las Juntas Examinadoras del Departamento de Salud, enfocadas en derecho administrativo, asesora legalmente y representa a estas Juntas desde el 2000.
También, desde marzo de 2017 asesora a víctimas del crimen ofreciendo orientación y apoyo legal para esta población en el Centro de Psicotraumatología en Guaynabo.Entre los años 1992-2000 trabajó en el Departamento de Justicia. Allí fungió como abogada I en la Secretaría de Litigios Generales, División de Confiscaciones; y luego fue fiscal especial en la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales. De igual forma, trabajó como ayudante especial de dos secretarios de Justicia en asuntos criminales y en las Juntas adscritas al Departamento.
En el año 2000 fue nombrada como Fiscal Auxiliar II en el Tribunal de San Juan.Pérez Mink cuenta con licencias en las jurisdicciones de Puerto Rico, Washington D.C., Michigan y ha sido admitida al Tribunal Apelativo del Primer Circuito de Estados Unidos.
